El abuso de la libertad de prensa en el marco electoral colombiano

La libertad de expresión y de prensa que hoy se consagran como derechos en la mayoría de las constituciones del mundo son el resultado de una larga lucha contra el abuso del poder y la censura; en tanto vehículo del pensamiento crítico e instrumento de la verdad son el sustrato que da soporte a las sociedades plurales, buena salud a la democracia e impulso a los grandes cambios culturales. El temor que despierta su potencial transformador es, tal vez, la principal razón por la cual se encuentran bajo el asedio permanente de todo tipo de amenazas, autoritarismo, grupos armados, mafias, etc., pero, de todas ellas, el gran mal que somete la libertad puede ser, probablemente, el control que ejercen los grandes capitales.

Cuando vende su independencia y se pone al servicio de los intereses corporativos del capital, la prensa se convierte en un peligroso instrumento de manipulación, control y disciplinamiento social, capaz incluso de llevar a la guerra a los espíritus más pacíficos con tal de mantener intacto el statu quo; ya en su hora el famoso editor Joseph Pullitzer sentenció “Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico”.

Este es un problema global, pero en países como el nuestro con elevados índices de desigualdad, pobreza y exclusión, tiene un impacto mayor pues los bajos niveles educativos y la baja capacidad de análisis y lectura crítica de la población facilitan la instrumentalización de la opinión, y el posicionamiento hegemónico de una visión singular sobre el proyecto político que debe orientar el destino de la nación.

La ampliación del acceso a internet y de las fuentes de información no ha logrado contener la fuerza de la tradición de modo tal que medios como El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Siglo, Vanguardia Liberal, Caracol, RCN, etc., siguen gozando del hecho de haber sido durante muchos años la única prensa disponible; por otro lado, según cifras del DANE, solo el 50% de la población cuenta con alguna forma de acceso a internet, por lo tanto, la radio y la prensa escrita son la única fuente de información en muchos rincones del país.              

Otra arista del problema es que los medios más influyentes hoy se encuentran en manos de grandes grupos corporativos que controlan, además, otros sectores como la banca, la construcción, la industria alimenticia, las telecomunicaciones, el turismo, la industria, la minería, la agroindustria, etc., cuyos intereses se encuentran en permanente tensión con las decisiones públicas. En Colombia, la matriz comunicativa es controlada por cuatro grupos económicos: la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo[1], la Organización Ardila Lulle[2], el grupo empresarial Santo Domingo[3] y el grupo español Prisa[4].

Para resolver la tensión entre sus intereses y las decisiones públicas en su favor, estos grupos gestionan estrategias mediáticas que incluyen la propaganda informativa, la inducción del pánico, la falacia, la sobreexposición, la repetición, el ocultamiento, la criminalización y la desinformación, todas ellas operadas por unos cuantos comunicadores de gran fama, verdaderos genios del lenguaje que logran dar apariencia de objetividad y neutralidad a un ejercicio a todas luces sesgado, falto de ética y profesionalismo.

En las coyunturas electorales suele ser más evidente y descarado el esfuerzo de los medios controlados por estos grupos para salvaguardar el statu quo del que se benefician. Ejemplos hay muchos, basta señalar unos cuantos. Recuérdese, por ejemplo, la forma en que periodistas como Luis Carlos Vélez y Darío Arizmendi dirigieron en 2018 las entrevistas a los entonces candidatos Iván Duque y Gustavo Petro; en el primer caso no faltaron las lisonjas a jovialidad del candidato del Centro Democrático, en el segundo se montó un tribunal inquisitorio para cuestionar el patrimonio y la altura ética y moral del candidato de la Colombia humana.            

Así mismo, los “análisis políticos” que se hacen en los programas matutinos de emisoras como Blu Radio, la W radio, Caracol Radio, RCN, ataviados de una falsa pluralidad y reclamándose representantes del sentir general, se convierten en tribuna para lanzar repetidamente juicios morales, reforzar una visión maniquea de la sociedad de héroes contra villanos y encubrir al poder cuando la corrupción salpica sus casas matrices. Sin ningún rubor la prensa toma partido por alguna de las opciones y se despacha contra las demás con titulares, notas y reportajes que abundan en adjetivos que despiertan todo tipo de temores entre la ciudadanía.

En la coyuntura actual los medios afines al Grupo Aval, un holding que controla el 30% de los activos financieros y es propietaria del fondo de pensiones Porvenir, han cerrado filas contra todas las propuestas que puedan afectar los negocios de su patrón, como la de una reforma al sistema pensional propuesta por el candidato Gustavo Petro; no han publicado un solo artículo que desarrolle a cabalidad la propuesta de dicho candidato, por el contrario, sus notas, informes y entrevistas, justifican y defienden a capa y espada la “loable” labor de los fondos privados.

Para contener el peligro de los abusos de la libertad de prensa el constituyente del 91 condiciono, en el artículo 20, la libertad de informar a la veracidad y la imparcialidad, y la libertad de los medios masivos de comunicación a la responsabilidad social. Lamentablemente, en este como en tantos otros casos las autoridades públicas han rehuido su deber de cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional, seguramente porque eso supondría un duro golpe a la solidez del poder.

Por el bien de la democracia, urge en Colombia un debate serio sobre como garantizar los límites que establece la constitución a la libertad de prensa y una reforma que evite, como diría Eduardo Galeano, que la libertad de expresión se siga confundiendo con la libertad de presión, o se siga reduciendo a la voluntad de grupos de empresarios que deciden qué noticias existen y qué noticias no existen.


[1] Esta organización es dueña del Grupo Aval, que a su vez es propietaria del Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco de Popular, el Banco Av Villas, el fondo de pensiones Porvenir y Corficolombiana; cuenta con importantes inversiones en la construcción de obras públicas, cerca de 1.300 km de vías concesionadas; controla el transporte y la distribución 50% del gas en Colombia; posee cerca de 50 mil hectáreas dedicadas a la agroindustria; entre otras inversiones, y es dueña de propietaria, entre otros medios, de El Tiempo, Portafolio, ADN, City Tv, Revista Motor, el Tiempo Televisión, entre otros.

[2] Este grupo es propietario entre otros de los ingenios azucareros Incauca y Providencia; de Postobón la fábrica de gaseosas más grande del país; de Peldar y del equipo de futbol Club Atlético Nacional; dueña, además, de RCN (radio y televisión), del canal de noticias NTN24, el diario La República y de otras emisoras de radio como La FM y La Mega

[3] Este grupo participa de manera importante en un portafolio de empresas dentro de las que se encuentran, entre otras, Cine Colombia, Linio, Stock Models, Ditransa y la cadena de tiendas D1; y es propietario de Caracol TV, El Espectador, y la emisora Blu Radio

[4] Este grupo es dueño de Caracol radio y sus emisoras filiales como la W Radio y Radio Santa Fé entre otros

*La presente columna no compromete la posición editorial del CIPADH

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