El Gobierno Nacional radicó ayer el proyecto de ley para humanizar la política criminal y penitenciaria y contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional en esta materia. La iniciativa es audaz, urgente y necesaria, tanto por sus efectos prácticos, como por los mensajes éticos que promueve: superar el paradigma del populismo punitivo y avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa e incluyente.
Debe destacarse de entrada que la gran mayoría de propuestas no son nuevas, sino que se encuentran contempladas ya en la legislación vigente. El proyecto busca hacer viable su materialización en la práctica, como vemos a continuación.
En cuanto a su objetivo de reducir el punitivismo, el PL hace más accesibles los beneficios y subrogados penales de obtención de prisión domiciliaria, suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional, entre otros. Elimina parte de las exclusiones para poder recibir beneficios y subrogados, reduce los requisitos para acceder a las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, hace más flexibles los traslados de establecimientos de reclusión y amplía el acceso a redenciones de pena por trabajo y estudio y los regímenes de permisos de salida. Todo ello con el ánimo de, por una parte, procurar medidas menos drásticas a la reclusión en cárceles y penitenciarías y, por otra, preparar a la persona que cumple una sanción a que al término de esta pueda reintegrarse funcionalmente a la sociedad.
En la misma línea, reduce de 60 años a 50, el tiempo máximo de pena que se puede imponer. Cualquier propuesta tendiente a reducir penas debe ser bienvenida; sin embargo, 50 años de cárcel sigue siendo una cadena perpetua velada. En el marco de la JEP, el máximo de pena contemplado si no hay aceptación de responsabilidad, es de 20 años de prisión ordinaria. ¿por qué parece descabellado plantear lo mismo en la justicia ordinaria?
Así mismo, en procura de garantizar los derechos fundamentales a la protesta social y el ejercicio de libertad de reunión, asociación o manifestación, plantea que en ningún caso se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta puedan dar lugar a la configuración de los delitos de concierto para delinquir o terrorismo. El mensaje que envía este cambio va encaminado a superar la doctrina de seguridad nacional que ve en los manifestantes a enemigos internos, en lugar de personas en ejercicio de sus derechos fundamentales. De esta manera, fiscales y jueces se verán obligados a investigar y juzgar los posibles delitos cometidos en el marco de la protesta de forma proporcionada, evitando imputaciones y sentencias que han equiparado a jóvenes manifestantes con integrantes de bandas de crimen organizado.
En cuanto a su objetivo de promover la justicia restaurativa, el PL incentiva la mediación y otros mecanismos de resolución alternativa de conflictos y elimina una serie de delitos por ser obsoletos o para que se resuelvan por vías distintas al derecho penal. Lo más novedoso de esto es la eliminación de los delitos de injuria y calumnia que congestionan la administración de justicia y no ameritan una sanción penal. En igual sentido, propone un tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito para que, en caso de ser condenados por conductas relacionadas a esta actividad, se suspenda la condena si se participa del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o a cualquier otro programa de tránsito a la legalidad o servicio de utilidad pública diseñado para dicho fin. Nuevamente, celebramos estas iniciativas, pero al mediano plazo debería hacerse una depuración mucho más profunda del Código Penal.
Con esas consideraciones, la mayor virtud del proyecto es propiciar una discusión social sobre el papel del castigo y las sanciones que un Estado puede imponer a su ciudadanía: las cárceles y el derecho penal son el reflejo más descarnado de una sociedad. En Colombia, muestran el nivel de indignidad y degradación que debemos superar. Décadas de populismo punitivo han conducido a una distorsión axiológica en que se hace una equivalencia entre justicia y venganza; venganza y cárcel; y cárcel como un lugar que tiene que ser cruel, inhumano y degradante. El Proyecto nos invita a cambiar ese paradigma para que la justicia se asocie con la reparación y la reconciliación; para que se comprenda que el perdón restaurativo es mucho más beneficioso que la venganza punitiva y que toda persona, incluyendo a quien se encuentra privada de su libertad, tiene derecho a cumplir su sanción en condiciones dignas y a resocializarse.
A diario vivimos las graves consecuencias de una política criminal reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar y que, además, afecta desproporcionalmente a las personas más vulnerables. Contra todo sentido común, proponer transformar este modelo fallido resulta muy impopular, pero es lo correcto, lo adecuado y lo ineludible. El proyecto presentado debe ser un punto de partida para una transformación mucho más profunda y garantista de la política criminal en el mediano plazo.
6 comentarios en “Las cárceles y el derecho penal son el reflejo más descarnado de una sociedad. Su reforma es urgente.”
Manuel, estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta, falta ver cómo se va a implementar para no ser injustos con las víctimas respectivas.
Hace años vengo proponiendo cambiar cárcel por multas y dinero como recompensa a las víctimas, en la mayoría de delitos. Hay excepciones. Por ejemplo, para violadores. A un ladrón, ¿Qué le importa pagar unos días de cárcel por un delito menor? Pero si le dan libertad a cambio de entregar lo robado, más efectivo por un valor tres o cuatro veces lo robado, ahí sí le dolería en su bolsillo, lo más preciado para él. En vez de cárcel para Los hermanos Moreno Rojas, quíteles todo el dinero robado, más sus propiedades, hasta donde repare por su delito, más el dinero de su familia, dejémoslos en la ruina, ahí sí les dolería, su bolsillo, lo más preciado. Habrá miles de ejemplos, que cumplirían mejor el objetivo de prevenir el delito.
El delito es un producto social encaminado a reeducar al individuo que evadió la reglamentación social, cómo tal conserva un alto grado de segregación que definitivamente el sistema punitivo tiende a incrementar. De tal forma, nos se cumple el propósito esencial de sistema, ergo no justifica su preservación
Estoy de acuerdo con la humanización, pero también co el seguimiento que se le debe hacer a la justicia restaurativa, los permisos de salida para trabajo, de tal manera que esta medida no se salga del control del estado.
Es bastante interesante la propuesta a la reforma penitenciaría, debemos de verlar por una sociedad con castigos leves pero contundentes que ejerzan presión con trabajo,algo así como una formación laboral a los presos de delitos menores que les fortalezcan sus habilidades y cuando salgan o acaben con su condena tengan la capacidad de poder resocializarse en un ambito laboral y no recaer en el camino fácil de las drogas, el robo y demás. Los recursos para esto ya sabemos de donde salen y es de las grandes cantidades de dinero de narcotraficantes y políticos que se acomodan sus bienes con el sudor directo o indirecto del pueblo. Entre mas el preso quiera y acepte una resocializarcion mas beneficios debe tener como camas colchones derechos a baño etc. Creo que todo asi como muy puesto de a fácil tampoco es tan bueno para ellos hay que crear conciencia de que para sobrevivir en Colombia o en el mundo se debe de trabajar ofrecer sus servicios cc on calidad en prode uno mismo para sentirse útil y ocuparse y para la sociedad pues todos vivimos de todos y la idea es union, apoyo y ganas de sacar a Colombia de la pobreza,la ignorancia y la desigualdad. No se puede luchar por derechos de presos que no son concientes de que deben resocializarse de acuerdo al sistema implementado por las naciones, aunque no estemos muy de acuerdo con todo lo que hacen si podemos ejercen un cambio vomo habitantes.
Muchas gracias Manuel por enriquecer el debate argumentado. Ese proceso de humanización está orientado en la línea de estándares internacionales de la Convención Americana. Magnífico. Es muy importante que no se quede en la letra. Que se materialice. No puede ser solamente a nivel legislativo. Las cárceles es su planta física también deben humanizarse. De acuerdo con esos estándares. Por ejemplo separando físicamente a procesados y condenados. Y respetando los estándares mínimos de dignidad de privación de la libertad. Entiendo que la OCDE hay un mínimo de metros cuadrados (así como suena), para que una persona esté privada de la libertad en condiciones dignas. He escuchado un «apunte» según el cual para saber la calidad de una institución debe chequearse la calidad del papel higiénico que usa. Pero no en los baños de los directivos sino en los de los empleados. Análogamente aplica para las cárceles como esos «últimos rincones» a donde la sociedad envía a las personas cuestionadas.
Proyecto es tan bueno, que parece dirigido a sociedad de ángeles en la isla de Tomás Moro. No tiene en cuenta la descomposición y violencia de la sociedad colombiana, que mi modo de interpretarla, va generar más muertes (por venganza privada o justicia por su propia mano) y violencia a la vez. Por ejemplo, una persona «desviada» del comportamiento social, viola y mata una niño o niño, o un atracador callejero le da una puñalada a un padre por tocarle la cicla el celular. Lo premiamos poniéndolo a vivir en un hotel 5 estrellas y luego le damos la domiciliaria, para que diga en su espiral de violencia, o para que la familia de las víctimas lo maten a él.
Dónde queda el derecho a las víctimas? Quién las va reparar? Acaso el.ministto tan sabio y juristas no se ha dado cuenta de los millones de casos de residencias?
De aprobarse ese proyecto de ley vamos a la legalización total de la impunidad.