En abril de hace un año, con el estallido social, ustedes, los jóvenes de todas las regiones del país se rebelaron contra el poder de ese fantasma mafioso, contra el padre que bajo la imagen de otro personaje de la vida nacional le da rejo a sus hijitos. Es hora de confirmar ese cambio, no volvamos a repetir esa forma de “servidumbre voluntaria”.
A pocos días de la primera vuelta presidencial, la clase política en el poder se empeña en destruir lo poco que queda antes de una posible y forzosa retirada. Coletazos de la bestia consciente de su indisimulable derrota. Faltan pocas semanas para empezar a construir una institucionalidad que haga posible la democracia.
Ante estos peligros, entonces, resulta necesario cuestionar la persistencia de una falsa equivalencia: la existencia de extremos. Aquí, el único extremo es el que amenaza con lanzar al traste lo que queda de institucionalidad, permite la intervención en política de fuerzas militares, desconoce el DIH y omite los principios del Estado de Derecho. Estas revelaciones obligan a cuestionar la neutralidad de cualquiera, si es que se toma en serio valores democráticos básicos.
Las recientes declaraciones del General Zapateiro son una violación inaceptable del artículo 219 de la Constitución y, en un gobierno respetuoso de las instituciones, deberían costarle la baja sin titubeos. Constituyen -además- el mejor acto de campaña por Gustavo Petro en los últimos meses y -quizás- representan el empujón que necesitaba el candidato para ganar …
La pugnacidad de la campaña electoral en su recta final impidió la discusión seria de un tema crucial que deberá ser resuelto por un gobierno de transición o alternativo y su bancada congresional: la adecuación institucional que viabilice la investigación y sanción de altos funcionarios, civiles y militares, y de particulares que actuaron con su aquiescencia, en la comisión de graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, que se han mantenido impunes judicial, social y políticamente y siguen detentando un inmenso poder.
La libertad de expresión y de prensa que hoy se consagran como derechos en la mayoría de las constituciones del mundo son el resultado de una larga lucha contra el abuso del poder y la censura; en tanto vehículo del pensamiento crítico e instrumento de la verdad son el sustrato que da soporte a las …
El abuso de la libertad de prensa en el marco electoral colombiano Leer más »
Las gigantescas movilizaciones sociales de rechazo al gobierno y hartazgo de la vieja política, traducidos en triunfos electorales de las izquierdas y la valiosísima experiencia en la preservación de votos, son los factores claves que pueden forzar al establecimiento a reconocer su inminente derrota. Es hora de arreciar.
En extraordinaria jornada, las fuerzas alternativas (principalmente agrupadas en el Pacto Histórico) obtuvimos la victoria electoral más grande en la historia del país: de este tamaño es el logro alcanzado.
La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es una República unitaria caracterizada, entre otras, por ser participativa y pluralista (Art. 1°); en consecuencia, reconoce derechos que garantizan las posibilidades colectivas de participación importantes –aunque insuficientes–, como el derecho a reunirse pública y pacíficamente (Art. 37°) o el derecho a expresarse libremente (Art. 20°). Garantizar el goce efectivo de estos derechos es un fin esencial del Estado y consiste, entre otros aspectos, en “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (Art 2°) .
El año político inició con la sublevación fascista impulsada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien meses antes había anunciado que desconocería los resultados, que sabía adversos, de la contienda electoral.
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